California, Arizona y Colorado aprobaron legislaciones que rechazan la participación en los acuerdos 287(g) con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). Las votaciones, realizadas en las cámaras estatales, reflejan una postura conjunta contra la colaboración directa con la autoridad federal en materia de inmigración.
Con la terminación de estos convenios, los agentes locales ya no podrán actuar como auxiliares de ICE, lo que implica que las detenciones por motivos migratorios dependerán exclusivamente de agentes federales. Para la comunidad migrante, esto se traduce en una reducción de los riesgos de arresto durante interacciones cotidianas con la policía estatal o local.
Esta medida forma parte de una tendencia más amplia en varios estados que buscan limitar la influencia de políticas migratorias federales consideradas restrictivas. Los legisladores argumentan que la seguridad pública debe estar bajo control estatal y que la cooperación con ICE vulnera derechos civiles y genera tensiones en las comunidades.
Fuente: La Nación
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