Una resolución del Ministerio de Trabajo de la provincia de Buenos Aires establece una nueva obligación para las empresas agropecuarias: enviar información sobre sus liquidaciones salariales. La medida es analizada en una nota de opinión que advierte sobre el impacto administrativo que genera en el sector.
El texto señala que los datos que se exigen podrían ser obtenidos por la cartera laboral a través de otros organismos, como ARCA, lo que refuerza la crítica a la duplicación de trámites. Esa superposición de requerimientos implica para las empresas agropecuarias una carga burocrática adicional en su gestión habitual.
La opinión plantea que la regulación no aporta información que el propio Estado no pueda conseguir por otras vías y cuestiona su costo operativo para las firmas alcanzadas. El debate queda abierto sobre la necesidad de simplificar los requerimientos que recaen sobre la actividad agropecuaria en la provincia.
Fuente: La Nación
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