La Sala I de la Cámara Federal de Casación Penal confirmó las condenas impuestas a cuatro agentes de la Dirección General de Aduanas por su participación en una organización delictiva que facilitaba el contrabando en el puente que une Posadas, en Misiones, con Encarnación, en Paraguay. El fallo lleva las firmas de los jueces Daniel Antonio Petrone, Diego G. Barroetaveña y Alejandro W. Slokar, y valida la sentencia del Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Posadas.
Según la resolución judicial, la estructura funcionó de manera estable entre abril de 2016 y octubre de 2017 y coordinó maniobras para permitir el ingreso de mercaderías extranjeras sin el aval aduanero correspondiente. A cambio de omitir los controles, los aduaneros recibían coimas de parte de los contrabandistas conocidos localmente como “paseros”. Bernardino Castor Esquivel recibió la pena más alta, de seis años de prisión de efectivo cumplimiento e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos, por asociación ilícita y coautoría de cohecho pasivo. Francisco Antonio Llorente fue condenado a cinco años de prisión e inhabilitación perpetua, Orlando Ariel Alfonso a cinco años por asociación ilícita, cohecho y coautoría de contrabando de importación agravado, y Lorenzo René Juárez a tres años de prisión de ejecución condicional e inhabilitación perpetua.
La investigación se sustentó en intervenciones telefónicas y en el análisis de celulares secuestrados en distintos operativos. En las comunicaciones, los involucrados usaban un lenguaje encriptado con terminología futbolística: los guardas de los carriles y los contrabandistas se llamaban “jugadores”, mientras que los jefes de turno actuaban como “directores técnicos”. Para que la maniobra funcionara debían coincidir en el mismo turno al menos dos miembros de la banda, un guarda permeable en el carril de ingreso y un jefe de turno que facilitara la ubicación del personal y omitiera la supervisión. También se detectó un grupo de WhatsApp llamado “paseritas jijiji”, donde comerciantes informales compartían datos en tiempo real sobre el estado del puente y los carriles liberados.
El fenómeno excede el paso fronterizo. Fabián Hryniewicz, referente empresario de Formosa y director de la Comisión de Fronteras e Ilegalidad de Came, señaló que “la ilegalidad está en todos los rubros y ha superado a la actividad formal” y advirtió que “fronteras es todo el país”, al incluir aeropuertos, envíos por courier y plataformas digitales entre los circuitos que requieren controles. La encuesta de septiembre del Centro de Estudios de la UIA sobre 628 empresas encontró que el 59,7% considera que la competencia desleal y el contrabando tienen un impacto alto o muy alto sobre su actividad, con consecuencias como caída de ventas, presión para bajar precios y pérdida de rentabilidad.
A comienzos de noviembre, un informe de la consultora MAP LATAM estimó que durante 2026 el Estado dejaría de recaudar unos 2.855 millones de dólares por contrabando y subfacturación de importaciones: 2.283 millones corresponderían al contrabando y 572 millones a la subfacturación. El estudio abarca 15 sectores de la economía y estima que estas prácticas también impiden la generación de unos 11.300 empleos formales. Se trata de estimaciones privadas que no representan la totalidad de la economía argentina, pero permiten dimensionar la magnitud del problema.
Fuentes: Infobae, El Ciudadano. Foto: Infobae
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