Una delegación de representantes de comunidades originarias de Jujuy se movilizó hacia los accesos de Casa de Gobierno para reclamar la entrega de las personerías jurídicas tramitadas ante la Secretaría de Pueblos Indígenas. La presentación formal, dirigida al gobernador Carlos Sadir y aprobada por las bases en una asamblea general de octubre, denuncia demoras, arbitrariedad y desinterés de las autoridades provinciales. La abogada Silvana Llanes explicó que los recursos jerárquicos elevados en julio ya cumplieron con los requisitos legales, pero que el Gobierno no仍旧 ofrece una respuesta formal.
Llanes afirmó que existen denuncias penales en el Fuero Federal sobre la actuación del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas y de la Secretaría de Pueblos Indígenas. También reclamó que se aclare el destino de los fondos presupuestados para concluir las mensuras y los relevamientos territoriales. La letrada cuestionó la gestión institucional y sostuvo que el Gobierno provincial debe garantizar la aplicación de la ley en lugar de debilitar los derechos de las comunidades.
El punto central del documento ingresado por mesa de entradas es la prohibición explícita del ingreso a tierras ancestrales de funcionarios de la Secretaría de Pueblos Indígenas, de la Fiscalía de Estado y de empresas extractivistas que no hayan respetado los estándares internacionales. De acuerdo con la Constitución, el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo y los tratados vigentes, las comunidadesADVIRTIERON que no permiten el acceso a sus territorios sin consentimiento libre, previo e informado y que iniciarán acciones judiciales ante cualquier incumplimiento.
Fuente: Jujuy Al Momento
