- Se estudia la posibilidad de aplicar parcialmente la Ley Nacional de Electricidad.
- El objetivo es mantener el cobro de tasas y servicios en la boleta de luz.
- El riesgo de desarticulación afecta a municipios y a los servicios sanitarios.
- La medida podría alterar la distribución de recursos y la estabilidad financiera local.
El gobierno está evaluando una adhesión parcial a la Ley Nacional de Electricidad con el fin de seguir recaudando las tasas y servicios que se incluyen en la factura de la luz. Esta decisión surge ante la amenaza de una posible desarticulación del marco regulatorio que sustenta a los municipios y a los servicios sanitarios.
La medida, si se aprueba, implicaría ajustes en la forma de asignar recursos a los gobiernos locales y a las instituciones de salud pública. Los analistas advierten que la falta de un marco coherente podría generar incertidumbre en la financiación de proyectos esenciales para la comunidad.
Mientras tanto, las autoridades están trabajando en un plan de contingencia que asegure la continuidad de los servicios públicos y la protección de los consumidores frente a posibles recortes o cambios en la facturación eléctrica.
Fuente: El Tribuno
